Mossosd'EsquadraEuropaPress – El Ministerio Fiscal solicita provisionalmente dos años de prisión para un cabo de los Mossos d”Esquadra por un delito de homicidio imprudente que supuestamente cometió durante una operación antidroga en un domicilio de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), cuando se le disparó el arma y mató a un sospechoso.

Los hechos ocurrieron sobre las 7 horas del 27 de mayo de 2004, cuando el cabo, David G.G., y un sargento, que encabezaban una operación antidroga de la que formaban parte siete agentes más, se personaron junto a una secretaria judicial en un edificio del Pasaje Victoria de la localidad para realizar una entrada y registro en uno de los pisos.

Según relata el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la vivienda era un piso “patera” en el que vivían ocho marroquíes que estaban siendo policialmente investigados por un delito contra la salud pública, en concreto, por ser presuntos distribuidores de hachís. No obstante, año y medio después, el supuesto delito se archivó por orden judicial.

El fiscal considera que el cabo, junto a los otros integrantes del operativo, decidió que era “necesario” llevar sus respectivas armas en la mano, “pese a no contar con una información cierta sobre el número de individuos que residían en dicho domicilio ni sobre la tenencia de armas por parte de los mismos”.

“Asimismo, acordaron realizar la entrada y registro a las 7 horas para aprovechar el factor sorpresa y con previsión de que sus habitantes se encontrarían durmiendo, conscientes, por tanto, de la falta de luz que en dicho domicilio habría en el momento de la entrada”, añade.

Según el escrito de acusación, al entrar en la vivienda, el acusado llevaba en la mano izquierda una linterna y, en la mano derecha, su pistola. El fiscal considera que el mosso “optó por llevar –su arma– sin el correspondiente seguro, en la posición denominada “disposición de fuego”, pese a no constar una específica peligrosidad de ninguno de los habitantes de la vivienda”.

Al pasar junto a una cama situada en el comedor de la vivienda, David G.G. se detuvo frente a la víctima, Farid B.D., quien, adormecido, se disponía a incorporarse. “Pese a los reiterados gritos de “alto, Policía” y “al suelo”, el fallecido se alzó, cogiendo al agente de la mano que empuñaba el arma e iniciando con el mismo un forcejeo”, explica el fiscal.

Según su escrito, a consecuencia del mismo, Farid B.D. cayó sobre la cama que ocupaba, arrastrando al agente hacia él y la pistola, que no tenía puesto el seguro, se disparó cuando el acusado cayó sobre la víctima. La bala impactó en la base del cráneo del marroquí, que murió al instante.

Además de solicitar dos años de prisión para el cabo David G.G., el Ministerio Fiscal pide que se prive del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y que se le inhabilite durante ese tiempo para ejercer como policía.

Asimismo, reclama que el acusado indemnice a la esposa de la víctima con 99.306 euros y con 41.376,5 euros a cada una de sus dos hijas, que tenían dos años y cuatro meses cuando falleció su padre.

FUE UN ACCIDENTE, SEGÚN EL ACUSADO.
Finalmente, la fiscalía solita que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat. Hace unos días, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Coloma de Gramenet, encargado del caso, solicitó al agente y a la Administración autonómica que depositaran 600.000 euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, según avanzó hoy “El País”.

La Generalitat, por su parte, ha solicitado en varias ocasiones el archivo de las diligencias, argumentando que el cabo obedecía órdenes y que su actuación no es reprochable.

Durante su declaración ante el juez instructor, el acusado aseguró que fue un accidente, aunque reconoció que llevaba el arma sin seguro cuando entró en el domicilio. Según el mosso, cuando entraron en el domicilio, algunos agentes llevaban la pistola en la mano para proteger su integridad y la de sus compañeros, dada la “potencial peligrosidad” de los sospechosos.

No obstante, ninguno de los ocupantes del inmueble tenía antecedentes penales, no había ni una sola arma en el domicilio y únicamente encontraron a los presuntos “traficantes” unos 200 gramos de hachís. El pasado mes de diciembre, los marroquíes fueron exculpados de traficar con droga.

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