elpais.com - Gramepark, la empresa pública de Santa Coloma de Gramenet investigada en la Operación Pretoria, parece un pozo sin fondo. La Oficina Antifraude, que la administra por orden del juez Baltasar Garzón, destituyó ayer a dos cargos de la sociedad: el gerente, Manuel Sierra Grandell, y el arquitecto, Jorge Nadal Estrada. Ambos cometieron, supuestamente, irregularidades en la adjudicación de obras y servicios, para obtener beneficios personales. No sólo eso: cuando los administradores judiciales trataron de poner orden en Gramepark, les pusieron toda clase de trabas.

Sierra fue nombrado gerente en 1997. En los dos últimos años, Sierra aprobó incentivos salariales a espaldas del Consejo de Administración. Curiosamente, el principal beneficiario de esas subidas de sueldo injustificadas fue él mismo, precisaron fuentes municipales. Sierra mantenía, además, relaciones laborales con Proinosa, la constructora implicada en la trama Pretoria, de presunta corrupción urbanística.

Desde 2003, Gramepark ha adjudicado contratos a Proinosa por valor de 30 millones de euros. El gerente habría terciado en algunos de ellos en favor de la constructora, cuyo presidente, Josep Singla, permanece imputado por su presunta participación en la trama liderada por el ex diputado socialista Luis García Sáez. En la operación, lanzada por la Guardia Civil en octubre, fueron arrestados el entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y los altos cargos de los Gobiernos de CiU Macià Alavedra (fue consejero de Economía de Jordi Pujol) y Lluís Prenafeta (ex secretario general de Presidencia). Ayer, agentes del instituto armado tomaron declaración a otros implicados, aunque por ahora no se conocen nuevas detenciones.

Más claro aún parece el caso de Nadal, que supuestamente cobró cantidades de dinero de Proinosa. En un precario equilibrio, Nadal compaginó su cargo de director técnico de Gramepark con una tarea idéntica en Proinosa. En especial, en las obras que la constructora realizaba para la empresa pública.

Las "conductas de grave deslealtad" y la "deficiente gestión profesional" de Sierra y Nadal "han contribuido a la hoy constatada comprometida situación financiera y patrimonial" de Gramepark. El informe de los administradores, que se entregó a Garzón y al fiscal anticorrupción, Luis Pastor, el 20 de enero, sostiene que la deuda de Gramepark, a corto y largo plazo, asciende a 65 millones. El informe concluye que el Ayuntamiento debería abonar más de cinco millones a Gramepark para que ésta haga frente al pago de proveedores y nóminas, entre otros. Sólo así se podrán culminar seis proyectos urbanísticos y diversos aparcamientos que la sociedad municipal -un gigante que adjudica pisos, equipamientos, plazas y escaleras mecánicas- tiene en marcha.

El director de la Oficina Antifraude, David Martínez Madero, declaró que el organismo ha actuado "en interés de los ciudadanos" y "siguiendo el encargo de la autoridad judicial", aunque no ofreció más detalles. Además de cometer las presuntas irregularidades, el gerente y el arquitecto técnico "entorpecieron" la actuación de los administradores judiciales, "dilatando y omitiendo la entrega de información".

El Ayuntamiento de Santa Coloma, por otra parte, contará con un nuevo interventor municipal. El nombramiento se produce días después de que la interventora cuestionase los presupuestos para 2010 que presentó el Gobierno municipal, liderado por la socialista Núria Parlón. Según el Consistorio, la interventora ocupaba el cargo "de forma provisional".