TerraEspaña - El Tribunal Catalán de la Defensa de la Competencia ha multado con 317.000 euros a una treintena de autoescuelas catalanas por acordar las tarifas para la obtención del permiso de conducir, según informa la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC).

Las sanciones se producen tras una denuncia presentada hace tres años por la UCC después de detectar, en un estudio en el que se analizaron los precios de las autoescuelas entre 2001 y 2003, que todos eran casi idénticos, aunque el reparto en los costes de inscripción, matrícula, clases de teórica, tramitaciones y clases prácticas fuera distinto.

Según ha declarado a EFE Amparo Molleda, directora técnica de la Asociación, el estudio se inició al sospechar que los precios de todas las autoescuelas eran los mismos y que éstas habían llegado a un acuerdo, lo que va en contra de la Ley General de Defensa de la Competencia de 1989, que prohíbe acuerdo alguno o cualquier decisión que consista en producir un efecto de impedir o falsear la competencia.

Ha recordado que al ver que los resultados eran casi iguales en el precio final, se envió un escrito a la Federación de Autoescuelas de Cataluña para preguntar si se recomendaba algún precio, a lo que ésta contestó que sí aconsejaba los precios mínimos, una práctica no permitida legalmente.

Tras la denuncia, el Tribunal Catalán de la Defensa de la Competencia pidió documentación de las escuelas y los contratos a algunos alumnos, constatando que sí era cierta esta homogeneidad en los precios.

Para Amparo Molleda, esta sentencia obligará ahora a estas autoescuelas, situadas en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona y Santa Coloma de Gramenet, a cambiar sus tarifas y hará que cese la práctica de tener todos los mismos precios.

La sanción más pequeña de todas las impuestas es de 4.000 euros a Autoescuela UNI, y la más elevada, de 30.000 euros, a la Autoescuela Garrido, aunque Molleda estima que casi todas las autoescuelas que operan en estas poblaciones han sido sancionadas.

José Miguel Sanz, secretario general de la UCC, ha asegurado tras conocer la sentencia que en otros sectores también se producen este tipo de prácticas y que es una pena no disponer de los suficientes medios económicos para investigar y denunciar hechos similares.
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